

Era mayo de 2020 cuando nos echábamos las manos a la cabeza después de presenciar cómo a George Floyd se le iba la vida bajo la rodilla de un agente de la policía de Minneapolis. El “I can’t breathe”, las últimas palabras que Floyd llegó a pronunciar se nos quedó a muchas personas grabado en la memoria y, ante esta nueva muestra de la brutalidad policial estadounidense, las protestas no se hicieron esperar, y no solo fueron localmente, sino que un nuevo movimiento tomó forma en muchas otras ciudades del mundo.
La respuesta masiva de rechazo hacia este crimen también tuvo reflejo en las redes sociales, donde una cantidad ingente de personas expresaban su repulsa por ese crimen, escribían —en muchos casos por primera vez— que Black Lives Matter y hacían aparecer un cuadradito negro en su parrilla de fotos de Instagram.
Parecía que la muerte de George Floyd marcaba un antes y un después en la conciencia colectiva, y que el impacto de la violencia de ese asesinato proporcionaba un mayor entendimiento de cómo el racismo estructural, en forma de brutalidad policial, puede terminar con la vida de una persona negra.
El asesinato de George Floyd no será el último caso de muerte de una persona Negra a manos de un policía que, además, está en libertad a la espera de un juicio que no se celebrará hasta marzo de 2021, tras pagar una fianza de más de ocho cientos mil dólares. Habría que hablar también del apoyo que ha recibido esta persona para poder abonar esa fianza, y de lo que significa que haya conseguido ese apoyo; pero eso, otro día.
Los días fueron pasando y otras videos corrieron una suerte similar a manos de la policía. En Estados Unidos, en Brasil, en España, en Colombia, donde el abuso policial se lleva las vidas de las lideresas y líderes sociales afro. El último caso, aunque no se haya tratado de un asesinato, ocurría en Madrid, hace apenas tres días. En el barrio de Abrantes, la Policía Nacional detenía a una mujer negra que, tal y como se puede ver en este vídeo, no oponía resistencia a su arresto en ningún momento. Uno de los agentes, agrede a la mujer mientras la esposa y, mientras ella llora y dice «estoy embarazada», el mismo agente le asesta un puñetazo en la cara y una patada mientras la llama «puta».
Voy a marcarme yo misma el #notodoslospolicías antes de que venga alguien a hacerlo por mí. Está claro que no todos los policías actúan de esta forma. Y está claro que habrá cantidad de agentes de las fuerzas de seguridad que, al haber visto estas imágenes, no hayan dado crédito. Lo sabemos, y es verdad.
Lo que también es verdad es que esto sucede. En mi opinión, hay gente violenta y racista dentro de esos cuerpos de seguridad extralimitándose en el cumplimiento de sus funciones y poniendo en riesgo la vida de las personas negras. ¿En qué momento se hace necesario agredir tan brutalmente a una mujer esposada y embarazada?
A principios de año ya hablé del recrudecimiento de la violencia policial que se estaba dando desde el confinamiento; pero parece que la violencia policial racista no cesa y el tema es, cuanto menos, preocupante. Y también me parece muy preocupante que no sepamos que esto ocurre, si no es por las grabaciones de personas particulares. Lo que me lleva a preguntarme por qué los medios de comunicación no denuncian todas estas agresiones y piden abiertamente responsabilidades a quien corresponda. Sé que algunas personas me dirán que se trata de hechos que no son noticiables. Ni qué decir tiene que disiento de ese punto de vista.
Es más. La cosa es tan grave que, ni aun dando difusión —escasa, eso sí— de estas atrocidades, se consigue una reacción. No hace tanto que salía a la luz el caso del joven Wubi, a quien los Mossos d’Esquadra habían agredido. El joven grabó la situación de acoso con su teléfono móvil y SOS Racisme hizo la denuncia. En aquel momento, desde el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya se comunicó que se iba a desplazar a los agentes a otro municipio, tomando así una medida que en realidad era una tomadura de pelo. ¿Qué consecuencias negativas tiene un cambio de destinación? ¿Y consideraron que un cambio de destinación era una medida sancionadora suficiente? No, un cambio de destinación simplemente ofrece la oportunidad de seguir violentando a las personas negras de otro municipio. Nada más.
Considero que la impunidad con la que estos agentes actúan es preocupante, y creo firmemente que agredir y proferir insultos racistas hacia una persona negra que en ese momento está en situación de vulnerabilidad debería tener consecuencias realmente graves para los agentes que se exceden de esa manera.
Tengo demasiadas esperanzas puestas en un cambio profundo de la gestión de toda esta brutalidad y violencia institucionalizadas. Lo sé, soy consciente. De hecho son esperanzas que rozan la ingenuidad con la punta de los dedos. Si la Audiencia Nacional exculpó a los dieciséis agentes de la Guardia Civil involucrados en la muerte de quince personas migrantes en el Tarajal en 2014, ¿qué podemos esperar de unas actuaciones en las que —afortunadamente, eso sí— no murió nadie?
La brutalidad policial es una realidad contra la que parece que se está haciendo muy poco. Las denuncias de la sociedad civil y de las asociaciones tienen muy poco peso. Los mandos superiores de las fuerzas de seguridad no toman acciones efectivas que aseguren medidas punitivas que disuadan a los agentes a violentar a las personas negras. Y, entre tanto, las detenciones policiales por perfil étnico siguen sucediendo y la población africana y afrodescendiente sigue viviendo atemorizada cada vez que se cruza con la policía, por lo que pueda suceder.
Quisiera hacer, a modo de cierre, un par de reflexiones, a saber:
Ahí lo dejo.
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